En 2003 me inscribí y curse la Especialización en Gerencia Pública que ofrece la Universidad Metropolitana. Como trabajo final de curso de la materia Marco Político y Social, con el Dr. Andrés Stambouli, preparé el trabajo que a continuación les presento. Creo que las ideas allí vertidas, hace ya seis años, aún tienen vigencia.
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INTRODUCCIÓN
En 1989 fueron electos, por primera vez en nuestra historia republicana, los gobernadores de las distintas regiones del país que anteriormente eran designados por el mandatario o presidente de turno, así como a los alcaldes de todas las municipalidades. Se llegaba de esta forma a una etapa de un proceso que se había iniciado, de manera formal, en 1984 con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), que buscaba la posibilidad de darle al país el establecimiento de un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos (Copre, 1984).
Aún cuando en el país hubo algunos intentos formales para promover reformas en la administración pública, prácticamente desde el inicio mismo de la presente etapa democrática (1958), reflejado en la creación de la Comisión de Administración Pública que elabora un primer Plan de Reforma Administrativa, en 1960, no es sino durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) que, reconociendo la necesidad de ir más allá de la reforma referida sólo a la Administración Pública, se plantea en el país como objetivo la reforma integral del Estado y se crea la Copre, a través del Decreto N° 403, del 17 de diciembre de 1984.
Pero no fue una simple decisión o mandato presidencial lo que condujo a la creación de la Copre o al hecho de estudiar la forma de cómo mejorar, de cómo hacer crecer cualitativamente al Estado venezolano. La situación en la cual se encontraba éste y su gobierno, desde el punto de vista de su funcionamiento y tamaño, sumado a su débil o limitada capacidad de respuesta política, económica o social, frente a una sociedad cada día más exigente, lo llevaron a la necesidad de iniciar ese proceso.
Dentro de los problemas que Venezuela vive para esa época, dos de ellos destacan significativamente: i. el grave debilitamiento por el cual atraviesa el sistema político venezolano, reflejado en la pérdida de credibilidad de numerosas instituciones políticas del Estado mismo, así como de los partidos políticos; pero sobre todo, ii. la baja capacidad de respuesta del Estado frente a las grandes demandas que la sociedad venezolana, sus ciudadanos, le formulaban (Stambouli, 2002).
Por ello, la Copre define la necesaria reforma del Estado como un programa fundamentalmente político, pero en donde diversas áreas debían estudiarse y dársele cabida, como lo son la económica, judicial, educativa, administrativa, entre otras. Esta reforma debería, igualmente, abarcar a todos los poderes públicos de la época (ejecutivo, legislativo y judicial), así como todos sus niveles de correspondencia: nacional, regional y municipal, buscando dar respuestas a las grandes interrogantes que el país le planteaba a la clase política pero lograr, en lo posible, acercar más al ciudadano común con sus gobernantes, con sus autoridades.
Una vez que en el país se restablece la democracia (1958), el legislador de entonces decide incorporar dentro de la nueva norma constitucional (1961) la creación de un Estado Federal pero sui generis, por cuanto aún cuando así lo indicaba la norma fundamental de la nación, no es sino casi 30 años después, a pesar de algunos avances que en materia municipal se lograron, cuando los venezolanos eligen por primera vez a sus gobernadores y alcaldes.
La opción quizás más importante que pudo ofrecer la Copre frente a la baja capacidad de respuesta que brindaban los gobernantes a la variedad de problemas que aquejaban a la gente, y que introdujo un gran cambio de paradigma en la política y el sistema electoral venezolano, fue precisamente esa que puso mucho más cerca al elector del elegido en 1989.
En efecto, ese gran cambio que vivió la relación gobernante-ciudadano introdujo elementos novedosos en el campo de la política en Venezuela donde, aún todavía hoy, existe una lucha soterrada entre el proceso de descentralización y el excesivo centralismo de representantes de los poderes nacionales, siendo este mayormente reflejado en el manejo de los recursos financieros.
Pero aún cuando la situación política y social que vivía el país para ese momento revelaba a nuestros dirigentes la necesidad de hacer los cambios o reformas necesarias para superar las nuevas dificultades que afrontaba el sistema político, la crisis no presentaba un peligro de imposibilitar la comunicación entre sus diversos actores, políticos, sociales o económicos, que permitieran encontrar la salida a los retos y oportunidades planteados. Es decir, existía gobernabilidad democrática, había capacidad en el sistema social de enfrentar positivamente los retos y oportunidades del momento (Prats, 1996).
Ahora bien, la situación antes planteada ha cambiado en el país. Diversos son los retos que afronta hoy día la sociedad venezolana en muchos de sus ámbitos, pero quizás el de mayor importancia es el de recuperar la gobernabilidad democrática. En el presente trabajo abordaremos el problema de la gobernabilidad democrática y sus implicaciones sobre el proceso de descentralización político-administrativa, en particular el referido a la gestión en las regiones, a la gestión de los gobernadores.
I. GOBERNADORES Y REFORMA ADMINISTRATIVA
Cuando se elige en 1989 a los primeros gobernadores de estado, muchas fueron las expectativas que existían sobre ese proceso. La reforma electoral que se logró para ese momento le ofrecía al elector venezolano la oportunidad de acercarse, por primera vez, al gobernador de su entidad, permitía esto una mayor identificación con quién debería atender los problemas de la región.
Sin embargo, y aún cuando la aceptación de estas reformas electorales eran apoyadas por los principales candidatos presidenciales de 1988, la actitud de parte de la dirigencia política venezolana frente a las elecciones de gobernadores era de ciertas reservas (Stambouli, 2002). Perder la capacidad de poder influir desde el partido en la designación a dedo del gobernador y de toda la burocracia que ésta implicaba, era ceder cuotas de poder que debilitarían el clientelismo partidista, cambiaba la forma o las reglas del juego que habían funcionado por más de treinta años.
Puede decirse, después de transcurridos casi tres lustros de la primera elección de gobernadores, que lo expresado por Miriam Kornblith en su análisis sobre la crisis de la democracia venezolana de los años noventa, se ha confirmado, en el sentido de haber potenciado la autonomía de las regiones al crear nuevos espacios para la disputa y la participación política y acercar al elector y al elegido (Kornblith, 1998:54), siendo esto importante para la creación o generación de espacio para la gobernabilidad democrática.
Ahora bien, si bien es cierto que lo anterior permitió fortalecer el contexto de lo político frente a la necesidad de las reformas planteadas por la sociedad venezolana, en cuanto a la capacidad económica de solucionarle los problemas a la gente, de dar respuesta a las demandas que requería y estaba exigiendo la sociedad venezolana (Copre, 1984), el alcance de las reformas no ha llegado a un nivel donde se pueda decir que el poder central le haya transferido toda la capacidad jurídica necesaria a las regiones como para poder decir que existe una descentralización verdaderamente autónoma, sobre todo desde el punto de vista fiscal.
Los gobernadores que resultaron electos en la primera etapa del proceso (1989-1993) [1], recibieron unas organizaciones que carecían de la más mínima autonomía financiera del poder central, es decir, dependían exclusivamente del aporte por situado constitucional tal y como ocurría con aquellos que eran designados desde Caracas.
Asimismo y como señal de haber iniciado el proceso de manera incompleta, las competencias sobre las áreas de atención del sector público no fueron transferidas inmediatamente, éstas se iniciaron tardíamente lo que afectó la capacidad de gestión de los nuevos gobernadores. En muchos estados se dio el caso de haber tenido que aceptar la designación de los funcionarios de adscripción de ciertas áreas o servicios desde Caracas sin consulta. En pocas palabras, el director del Hospital de Caucagua lo designaba el ministro de Sanidad de turno.
Ello por supuesto que afectó la capacidad de gestión de los gobernadores y no se daba cumplimiento a una premisa de la reforma, la descentralización administrativa. Caso contrario ocurría con los nuevos alcaldes por cuanto estos se convirtieron, como correspondía, en los jefes del ejecutivo municipal y asumían todas las capacidades de gobierno a este nivel, sumando la oportunidad de generar recursos propios.
Pocos meses después de la primera elección se inició tímidamente el proceso de transferencias de competencias, pero no de manera uniforme en todas las regiones sino que esto dependía de la capacidad de los gobernadores de negociar con el poder público central.
Por otra parte, y como apoyo a la necesidad de generación de recursos para la inversión de las regiones, posteriormente fue creado el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y se aprobó la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee). Como se sabe, ambos instrumentos constituyen un aporte adicional al ingreso de los estados obtenidos previa presentación de proyectos, dirigidos a atender ciertas pautas de políticas de inversión establecidas por el gobierno nacional.
La descentralización es un proceso que permite mejorar la eficiencia y efectividad del sector público, por cuanto esta se convierte en una herramienta a ser utilizada por los usuarios de lo público, los ciudadanos, para identificar de mejor manera a quién debe acudir para encontrar la solución a su problema o el de su comunidad (Solis, 1999). Esto permite, en consecuencia, aumentar la participación ciudadana y activarse en sociedad desde su ámbito geográfico o de interés particular.
Un elemento importante a considerar dentro de este contexto y que está muy vinculado al problema de la gobernabilidad en el país, es el cuestionamiento que se hizo a las deficiencias administrativas generadas por los burócratas del Estado venezolano, que se buscó corregir al implantar un proceso de reforma del estado.
Demás está comentar acerca de las razones de carácter administrativo que apoyaron la necesidad de reformar al estado, de descentralizarlo, pero cabría preguntarse ¿en qué medida el proceso de reformas y descentralización no pueden trasladar, como en cascada, la repetición de los vicios y problemas de los cuales se acusaba al estado centralizado?, por otra parte, ¿el acercar al elector con sus elegidos disminuía el riesgo de la perversión o los problemas de la gestión del sector público?
Por supuesto que la simple elección no bastaba para acabar de una buena vez con los grandes, y en algunos casos graves, problemas de la administración pública. Corrupción, dispersión, duplicidad de funciones, falta de control y seguimiento a las políticas diseñadas, a los planes y programas, en resumen, el Estado había crecido en tamaño pero no en eficiencia, en efectividad.
Ya mencionamos la dificultad que significó para los primeros gobernadores electos el asumir la gestión sin la capacidad de poder gobernar mejor (competencias y recursos propios). A lo anterior es bueno agregar que no todos los gobernadores tuvieron la suficiente creatividad para ingeniárselas y diseñar una estructura de gobierno que les permitiera ser eficientes, pero ¿cuántos serían efectivos?
Un punto de referencia al cual queremos llamar la atención es al siguiente. Si bien es cierto que uno de los factores que condujo a la reforma fue la gran dispersión, la gran cantidad de organismos descentralizados, nos preguntamos ¿sabemos hoy día cómo están organizadas las gobernaciones en este momento? ¿Conocemos realmente cuál es su nivel de desconcentración u organización para permitir un mejor control sobre la gestión que estas realizan?
Al igual que ocurría en el país para 1989, hoy día cada una de las gobernaciones del país han creado una red de entes descentralizados, de institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, empresas, etc., muy similares que existían anteriormente a nivel central. Sin entrar a juzgar la eficiencia o efectividad del trabajo que estos organismos realizan, nos preguntamos si igualmente han sido creados los organismos de control de estos entes descentralizados de las regiones con la capacidad suficiente para evaluarlos. En otras palabras, ¿se ha descentralizado, por ejemplo, el control fiscal? ¿Hasta dónde ha llegado esa descentralización? ¿Cuán efectiva es, y de ser así, cómo ha permitido acercar este control al ciudadano común o elector con sus gobernantes regionales?
Está claro que tener la posibilidad de sancionar con el voto a quienes cumplan mal sus funciones, en el corto plazo, es un mecanismo de control ciudadano efectivo, pero pensamos que no es suficiente. ¿Quién garantiza que con el simple voto mejoramos la efectividad en la gestión de los nuevos gobernantes?
Las dudas reiteradas surgen por la necesidad que tenemos de no haber generado falsas expectativas sobre el proceso de descentralización administrativa al cual se le otorgó un alto valor democrático, que en efecto lo tiene. La preocupación radica en que no se repitan los vicios del centralismo en las regiones. Que los problemas, las trabas burocráticas, el centralismo intra-gobierno no se haya trasladado a las regiones.
La presión de la sociedad venezolana, de la situación política del país, así como de las tendencias globales que comenzaron a darle primacía a las regiones por encima del Estado nacional mismo, nos condujeron a la descentralización, pero algo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, en otros países la descentralización ha llegado con más fortaleza a las regiones y las sociedades regionales parecían estar mucho más preparadas para el cambio que nosotros. Cabe destacar lo que ocurre en España donde, más allá de los elementos localistas o nacionalistas de su propia historia, cada una de las autonomías ha logrado no sólo una relación particular frente al Estado español mismo, sino que en algunos casos, sin dejar de pertenecer a España, traspasan las fronteras para tener presencia propia, sobre todo en las áreas comerciales o económicas. Lo mismo podría mencionarse de algunos estados mexicanos que han logrado una presencia comercial muy importante. O el caso del Brasil, donde incluso alguna de sus regiones y comunidades ha logrado una presencia particular más allá, repetimos, del propio gobierno federal.
Por supuesto que el acento de lo que ha ocurrido en los casos arriba referenciados está en lo económico, lo comercial, pero no es éste el área que permite o estimula, entre otras cosas, la generación de empleo, la estabilidad social, etc. En Venezuela, salvo referencias muy particulares que datan desde antes de la descentralización e impulsadas por planes de desarrollo nacional (CVG), no conocemos que alguna región haya logrado algún avance importante o significativo en materia comercial o económica frente a la realidad que vivía antes de la descentralización.
No queremos castigar al proceso de descentralización o su limitado desarrollo, más bien queremos alertar acerca del alcance que este ha logrado, sobre todo en materia económica o comercial. Sobre lo que si queremos llamar la atención es en el acento que se le debe poner a las necesarias e indispensables reformas que conduzcan a la verdadera descentralización administrativa del Estado venezolano, que realmente permita darle autonomía a las gobernaciones, así como también a la capacidad de control que debe existir sobre éstas para que no sea precisamente ese elemento la base argumental utilizada para ir en contra de este proceso (Calderón Berti, 1998).
La mayor eficacia de gestión de las gobernaciones ayudará, indudablemente, en la gobernanza o gobernancia que necesita nuestro país. Algunas referencias permiten afirmar esto último: al hacer una evaluación de la cantidad de obras civiles (incluidas viviendas) efectuadas en el país a partir de 1989, se podrá observar un mejor desempeño de las regiones antes que del gobierno nacional, incluido el actual (Chávez).
II. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y DESCENTRALIZACIÓN
“La política es el arte de gobernar sin violencia”…“no es un mal necesario, es un bien práctico”…“debe trabajar en función de conciliación de intereses por cuanto la conciliación es preferible a la violencia y la diversidad es preferible a uniformidad” (Stambouli, 2003).
Las referencias anteriores permiten afirmar que la situación política de Venezuela no es quizás la que más se aproxime a esa manera de definir la política o a la forma de hacer política. Altos niveles de conflictividad que no necesitan referencia son los que caracterizan el nivel de relaciones existentes dentro del complejo cuadro social y político venezolano. La falta de orden en la comunidad política afecta a la gestión pública, demuestra una grave crisis de gobernabilidad que, por supuesto, incide de manera importante en el proceso de descentralización adelantado desde 1989.
De todos es conocida la situación que condujo a la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1999. Grave crisis de gobernabilidad, severos cuestionamientos a los partidos políticos, al Estado mismo por su debilidad al dar respuesta las demandas de la sociedad en todos sus niveles, en definitiva, un cuadro que permitió ratificar la intención de los electores de 1993, cuando eligieron a Caldera, la primera esperanza, de que las cosas deberían de cambiar para brindar a los venezolanos una mejor calidad de vida.
Como ya se mencionó, la descentralización no contribuyó mucho a mejorar la capacidad de respuesta del Estado venezolano frente a las demandas que le exigía la sociedad venezolana. Pero hubo un elemento que, a nuestro juicio, pudo haber incidido en la actitud que el nuevo gobierno de 1999 asumiría frente a los gobernadores regionales de la época: el apoyo de la gran mayoría de los gobernadores en 1998 a la candidatura de Salas Römer.
Habría que evaluar desde el punto de vista programático la oferta electoral de Chávez Frías para poder darle validez o no a la anterior afirmación, sin embargo, la actitud que asumió el nuevo presidente fue de poco soporte o apoyo al proceso de descentralización venezolano, por lo menos en la forma en que se venía desarrollando esta desde 1989.
El cierre de la Copre y las propuestas legislativas que brindaban una perspectiva diferente de desarrollar la descentralización no son más que la introducción de nuevos esquemas de adelantar las reformas. No es que utilicemos esto como argumento para validar la afirmación, pero al revisar las propuestas de cambio introducidas a la orientación de las reformas se evidencia la clara intención de cambiar el esquema hacia uno donde la democracia participativa y protagónica sea la guía para la acción del nuevo régimen y su propuesta a la sociedad venezolana.
La promoción y desarrollo de esquemas que presentan o promueven una orientación de estructurar la sociedad a través mecanismos de participación que van de abajo hacia arriba, con la implantación de una red de organizaciones sociales de base tales como los círculos bolivarianos, las cooperativas, las asociaciones civiles, entre otras, no son más que la nueva propuesta de organización de la sociedad que ofrece el gobierno de Hugo Chávez.
No estamos cuestionando a priori el hecho de promover la participación ciudadana a través de estos esquemas pero sería bueno preguntarse ¿hasta que punto la forma en que se está dirigiendo el proceso no aumenta la centralización administrativa, antes que la descentralización necesaria para dar respuestas a las necesidades de eficiencia y eficacia del sistema político venezolano? (Solís, 1999).
Participación de abajo hacia arriba, pero desde el gobierno nacional podría ser el reflejo de la necesidad de controlar o asegurarse la aceptación de las propuestas, de garantizar la lealtad necesaria para el sostenimiento del nuevo gobierno. No son pocas las afirmaciones hechas en el sentido de la duración por un tiempo mucho más largo del permitido constitucionalmente, de la duración del período presidencial. Quizás esta red, de abajo hacia arriba, va en ese sentido, garantizando la verticalidad, pero ¿permite esa estructura organizacional del nuevo funcionamiento o estilo de gobierno garantizar la descentralización administrativa, planteada como solución por la Copre y aceptada por la sociedad venezolana a partir de 1989?
Otro elemento que habría que tomar en consideración es la serie de propuestas y reformas legislativas que se han introducido en el país a partir de 1999, con el proceso constituyente, y la facultad que se le ha otorgado al presidente para legislar sobre materias que incluían la reforma al aparato estadal o a su estructura y organización.
Dentro de esas reformas o innovaciones, cabe destacar la leyes que dan origen a los consejos federales de gobierno y a los comités locales de planificación de políticas públicas, en donde, tanto a nivel regional (gobernaciones) o local (alcaldías), las autoridades están sujetas a partir de su implementación a no solamente rendir cuentas a los ciudadanos de sus ámbitos territoriales, sino que estos pueden ir más allá, al poder, entre otras cosas, decidir sobre los proyectos que alcaldías y gobernaciones presentarán ante el Fides o Laee.
¿Mayor descentralización o mayor empoderamiento de las comunidades en la tomas de decisiones que afecten, incluso, su vida cotidiana? Por supuesto que sí, ambas. Debería existir una mayor participación, un mayor compromiso en cuanto al funcionamiento de los órganos de dirección regional y local, pero ¿quiénes participan de la elección de los integrantes de estos consejos?
Sin diferenciarse mucho de lo que ocurría antes de 1999, en mecanismos previos de participación ciudadana, i.e. asociaciones de vecinos, los pocos casos referenciados en la prensa regional del estado Miranda (Diario La Voz, 2002) evidencia una fuerte discusión entre factores políticos del gobierno regional y nacional, entre partidarios de Enrique Mendoza, gobernador de Miranda, y partidarios de Hugo Chávez, presidente, por ocupar esos nuevos espacios de participación ciudadana.
Ahora bien, la discusión partidaria no se puede juzgar como negativa a priori, pero siguen ocupando los espacios que se deberían reservar al ciudadano común, al dirigente vecinal, al legítimo dirigente gremial. Parte del problema de gobernabilidad que vive nuestro país en los actuales momentos pasa por ponerse de acuerdo en respetar los verdaderos espacios de la participación ciudadana.
Como se ha señalado, Venezuela sufre un severo proceso de comunicación, de entendimiento, entre los distintos factores que conviven en nuestra sociedad. No es responsabilidad exclusiva de ninguno de los factores o actores involucrados, la crisis de gobernabilidad democrática existente, es de todos y cada uno de ellos, pero lo más grave de la actual situación es que en esa crisis de entendimiento se han involucrado a otros actores de la sociedad venezolana provenientes del ámbito social y de grupos de interés, por su participación directa en las discusiones políticas o por abrogarse la representación de estos sin que medie la respectiva o necesaria legitimación de los diversos grupos de interés.
Cuando uno evalúa la calidad de los representantes, tanto del gobierno como de la oposición, que están vinculados o son representantes de distintos grupos de interés (ONG´s) puede notarse que realmente no son representativos de los sectores en los que supuestamente están involucrados. Es decir, se confirma la tesis de cuán legítima pueden ser las discusiones para superar la actual crisis de gobernabilidad en el país, o cuánta autoridad puede existir para poder preservar el liderazgo sobre los sectores de oposición cuando se cometen errores en la conducción de la protesta por restaurar la gobernabilidad. Un ejemplo de ello es la responsabilidad atribuida a los dirigentes de la Coordinadora Democrática por el fracaso del paro de diciembre 2002-enero 2003, cuando muchos de sus voceros o representantes, desde las trincheras del tercer sector estimulaban el paro y después se desentendieron del fracaso.
Quizás el problema no radica en la partidización de las actuaciones de estos actores. El asunto estriba en por qué su actuación se hace bajo la figura de organizaciones de la sociedad civil y no directamente de organizaciones partidistas. Pareciera entonces que existe el temor de reconocerse o ser reconocidos como actores políticos partidistas por la presunción, a proiri, de que dicho reconocimiento atribuye automáticamente rechazo por parte de la sociedad en general y, en consecuencia, poca o escasa oportunidad a futuro de ser líderes de los procesos políticos del país, es decir, poder ser electos a cualquier cargo de elección pública.
La existencia de mayor o menor número de partidos no es indicativo de mayor o menor capacidad de gobernabilidad. Ejemplo de ello lo podemos tener en los Estado Unidos de Norteamérica, donde persiste tradicionalmente el esquema bipartidista, o el ejemplo europeo donde el sistema de partidos ha venido cambiando durante las últimas dos décadas, con la desaparición de partidos tradicionales o el surgimiento de otros, o la existencia de numerosos partidos como ocurre en el caso de los Países Bajos.
Reconocerse perverso al aceptarse como político, o en términos venezolano, como dirigente de partido, pareciera un contrasentido si tomamos en consideración que últimos estudios de opinión señalan que, por lo menos, más del 60% de la población reconoce alguna afiliación partidista (Consultores 21 y Keller, 2003). Entonces, ¿cuántos están en el tercer sector? ¿Son legítimos o no los representantes sociales o líderes sociales que hoy día se abrogan la calidad de representantes de numerosos sectores de la población?
La discusión sobre el tema de la crisis de gobernabilidad que vive nuestro país pasa, necesariamente, por el tema de las relaciones que deben existir entre la sociedad civil y la dirigencia política, de gobierno u oposición, por la legitimación que ésta le otorga al proceso político como tal (Murillo, 2003), y de esa relación depende también el fortalecimiento o no del proceso de descentralización que se ha venido desarrollando en el país.
Por supuesto que la crítica que hacíamos a la representatividad que se atribuían algunos factores políticos disfrazados de sociedad civil, no deja de reconocer que sí ha existido un aumento de la participación ciudadana en el país y esta va a incidir, por supuesto, en el menor o mayor alcance al cual pueda llegar la descentralización administrativa del país.
Que los ciudadanos puedan tener mayor capacidad de decidir no sólo sobre quienes nos gobiernan, sino también sobre la orientación de las políticas públicas o planes de desarrollo locales o regionales es un avance importante y ese aspecto ayudaría al mejoramiento de la gobernabilidad democrática en Venezuela.
UNAS BREVES CONCLUSIONES
Partimos del argumento según el cual la crisis de gobernabilidad democrática que vive Venezuela afecta todas las relaciones sociales y de poder que existen en el país. La orientación que venía desarrollando la Copre sobre el proceso de reformas políticas hasta 1999 y el rumbo que toma a partir de este momento, no es indicador de un cambio sustancial o distinto al objetivo de atender las dos grandes dificultades por las cuales atravesaba el sistema político venezolano (legitimidad y eficiencia fiscal).
Quizás el problema de la gobernabilidad y su incidencia sobre el proceso de descentralización radica, más en la legitimidad de los actores involucrados en él y su escasa, por no decir nula, capacidad de reconocimiento mutuo, que en las posibilidades de negociación y establecimiento de acuerdos necesarios entre los dos bloques en pugna (gobierno y oposición). Por supuesto que en todo esto quien lleva la peor parte, en cuanto a legitimidad o reconocimiento se refiere, son los representantes del sector de la oposición.
Pero lo grave del asunto es que mientras exista poco entendimiento o escasa aceptación de cada uno de los sectores involucrados la gobernancia del país empeora cada día. Pobres niveles de desempeño en lo económico por parte del gobierno o el uso de los sectores de producción privado como instrumentos de lucha política, por parte de la oposición, no es más que el reflejo de cómo de lado y lado se hacen esfuerzos por aumentar los niveles de empobrecimiento de la calidad de vida de los habitantes de este país llamado Venezuela. Ello, por supuesto, aumenta la crisis de gobernabilidad democrática.
Ahora bien, cabría preguntarse si la responsabilidad del gobierno sobre el mejoramiento de la gobernabilidad es mayor que el de la oposición, más sin embargo lo que ha acontecido en los últimos dos años nos indican que el esfuerzo debe ser de ambos. La gobernabilidad no se recupera con el esfuerzo de uno de los sectores involucrados, con uno de sus actores por más importante que sea su participación. El mejoramiento de la gobernabilidad pasa por el necesario establecimiento de un adecuado nivel de comunicación y de entendimiento de los distintos sectores del país.
El actual estado de cosas, reiteramos, evidentemente que afecta el proceso de descentralización, pero si no logramos cambiar la tendencia de los políticos (venezolanos) a armar su agenda de actuaciones más desde las querellas del pasado que desde los retos y oportunidades (que puede ofrecer) el futuro (Prats, 1996:1), no lograremos construir una sociedad mucho más democrática y participativa como se ha estado exigiendo en el país desde hace más de medio siglo, pero sobre todo en el último año.
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